Con directiva presidencial avanza protección para la población LGBTIQ+
Ministerio de Igualdad hará seguimiento a Directiva Presidencial que convoca Consejo de Seguridad Nacional y dicta otras medidas de protección para la población LGBTIQ+
Publicado el: 04 mar 2026
El gobierno nacional emitió una directiva presidencial para la protección de la población LGBTIQ+, mediante la cual se establecen mecanismos para la prevención y atención integral de violencias y actos de discriminación contra esta población, en todo el territorio nacional.
Esta directiva se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”. El ministerio de Igualdad y Equidad realizará el seguimiento a la implementación de estas directrices y podrá emitir instructivos técnicos para garantizar su cumplimiento, a través de la dirección para la garantía de los derechos de la población LGBTIQ+.
La directiva reconoce a la población LGBTIQ+ como actor diferencial para impulsar transformaciones hacia una sociedad inclusiva, libre de estigmas y discriminaciones económicas, sociales, culturales, religiosas y políticas establece acciones que deberán implementarse progresivamente por las entidades del Estado.
En materia de seguridad y protección, además de la convocatoria a un Consejo Nacional de Seguridad, la directiva ordena garantizar la protección de líderes y lideresas LGBTIQ+ en los territorios mediante la articulación con la Unidad Nacional de Protección; establecer rutas de prevención y atención frente a posibles abusos de autoridad policial o militar; fortalecer la protección y garantía de derechos a personas LGBTIQ+ privadas de la libertad; reforzar la atención a víctimas LGBTIQ+ del conflicto armado; brindar asistencia legal y representación jurídica a víctimas de violencia por identidad u orientación sexual, así como la creación de casas Refugio para personas LGBTIQ+ en situación de amenaza.
La directiva también pone en marcha el Subsistema Nacional de Participación LGBTIQ+, que busca avanzar en el Sistema Nacional para la Garantía de los Derechos y la política pública correspondiente. También incluye la orientación de trazar metas específicas en planes de desarrollo locales y regionales para prevenir violencias y actos discriminatorios, y ordena apoyar a los territorios en la creación y fortalecimiento de políticas públicas locales para la población LGBTIQ+.
Los sistemas internacionales y regionales de protección de derechos humanos han reconocido la violencia por prejuicio como aquellos actos de discriminación y violencia motivados, racionalizados o justificados por valoraciones negativas hacia las víctimas debido a su orientación sexual y/o identidad de género real o percibida. Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han señalado además que estos prejuicios suelen requerir de la complicidad social para materializarse.
Para el Ministerio de Igualdad y Equidad, esta directiva representa un paso decisivo para garantizar la vida, la dignidad y los derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, así como para fortalecer la respuesta institucional frente a la violencia por prejuicio.