MinIgualdad pide al Congreso debatir continuidad para cumplir con fallo de la Corte Constitucional

Bogotá D.C., 13 de mayo de 2026. Las comisiones primeras del Senado y la Cámara reanudan el debate del proyecto de ley que busca garantizar la continuidad del Ministerio de Igualdad y Equidad, una de las apuestas sociales del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

La Corte Constitucional fijó como fecha límite el próximo 20 de junio para que el Congreso apruebe nuevamente la ley que dio vida a la cartera. Si eso no ocurre, el ministerio desaparecería jurídicamente y el Gobierno tendría que redistribuir sus funciones entre distintas entidades estatales.

El más reciente ocurrió el miércoles 6 de mayo, cuando el debate tuvo que aplazarse por falta de quórum. Ahora, en el Congreso de la República, senadores y representantes deberán estudiar de manera conjunta las 194 proposiciones presentadas para modificar la iniciativa.

Detrás de la discusión hay algo más profundo que un simple trámite legislativo, está en juego la permanencia de una institución creada para atender a poblaciones históricamente excluidas del poder y de las políticas públicas.

El origen de la controversia

La historia comenzó el 8 de mayo de 2024, cuando la Corte Constitucional expidió la Sentencia C- 161 de 2024. El alto tribunal concluyó que durante la aprobación de la Ley 2281 de 2023, que creó el Ministerio, no se cumplió adecuadamente con el análisis de impacto fiscal exigido por la Constitución. Sin embargo, la Corte no desmontó inmediatamente la entidad. Por el contrario, otorgó un plazo de dos legislaturas para corregir el trámite y presentar nuevamente el proyecto.

Desde entonces, el Ejecutivo inició una carrera contrarreloj. En abril de 2025, el Ministerio de Hacienda emitió el aval fiscal solicitado por la Corte y, pocos días después, el 30 de abril, el nuevo proyecto fue radicado en el Congreso. Más adelante se realizaron audiencias públicas en Manizales y Bogotá, espacios en los que organizaciones sociales, académicos y comunidades expusieron sus preocupaciones y expectativas frente al futuro de la cartera. Luego vino una segunda radicación en julio de 2025, nuevos conceptos jurídicos, un mensaje de urgencia firmado por el presidente Petro en octubre y múltiples intentos de discusión legislativa.

Durante diciembre del año pasado el debate fue convocado en ocho oportunidades y, aun así, varias sesiones se cayeron por ausencia de congresistas. Sólo el 15 de diciembre se logró instalar formalmente la discusión y aprobar la ponencia mayoritaria positiva. Hoy todavía falta lo más complejo, debatir el articulado completo y superar los debates en plenaria de las dos corporaciones antes del 20 de junio de 2026.

Una defensa social

Quien encabeza la defensa del ministerio es el actual titular de la cartera, ‘Lucho’ Acosta. El funcionario insiste en que Colombia no puede renunciar a una institución creada específicamente para cerrar brechas sociales históricas. El Ministerio depende hoy de la fuerza y la voluntad del Congreso.

Durante décadas las políticas dirigidas a mujeres, comunidades étnicas, población campesina, personas LGBTIQ+, jóvenes y ciudadanos con discapacidad estuvieron dispersas en diferentes oficinas del Estado, sin coordinación real ni capacidad de impacto territorial. La creación del ministerio buscó precisamente unificar esfuerzos y convertir la igualdad en política pública permanente.

Según el Informe de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas de 2025, Colombia sigue figurando entre los países más desiguales del planeta y ocupa uno de los peores lugares de América Latina en esa materia. Para el Gobierno, esa cifra resume por qué consideran indispensable mantener viva la entidad.

Los programas que buscan sobrevivir

Aunque esta cartera ha recibido críticas por su ejecución presupuestal y por gestiones administrativas propias de una institución naciente, ya se evidencian resultados concretos. Durante este tiempo se creó y consolidó la arquitectura institucional para responder a las necesidades de poblaciones históricamente excluidas, logrando avances palpables. Entre ellos se destacan más de 30.000 jóvenes vinculados a programas de paz en zonas afectadas por la violencia; inversiones por 37.000 millones de pesos para fortalecer la autonomía económica de 5.200 mujeres; y el fortalecimiento de más de 220 organizaciones comunitarias a través del Sistema Nacional del Cuidado.

También se destacan la línea SALVIA 155 para la atención de violencias basadas en género y la formulación de políticas públicas orientadas al campesinado, la población LGBTIQ+ y la lucha contra el racismo estructural. En departamentos históricamente golpeados por la pobreza y el abandono institucional, por primera vez las comunidades sienten que el Estado tiene una puerta específica para escucharlas.

Así mismo, inició la operación de varios convenios, que darán respuesta a las comunidades en temas como Hambre Cero, Agua es Vida, cuidado comunitario, promoción y fortalecimiento de economías populares, así como garantía de derechos y prevención de violencias basadas en género y por prejuicio.

Mientras el Congreso adelanta el debate, la preocupación gira en torno a la continuidad de estos programas sociales y del personal encargado de su ejecución.