MinIgualdad regresa al Congreso: en manos de los legisladores está la continuidad del Ministerio

Bogotá D.C., 6 de mayo de 2026. El Congreso de la República vuelve a ser escenario de una conversación clave para el país. En sesión conjunta de las comisiones primeras de la Cámara de Representantes y del Senado de la República, se retomó el debate del nuevo proyecto de ley que busca dar continuidad al Ministerio de Igualdad y Equidad (MIE), una institución joven, pero conectada con los millones de personas que históricamente han quedado excluidas.

El reloj avanza. En 48 días vence el plazo fijado por la Corte Constitucional para subsanar los vacíos de trámite señalados en la Sentencia C-161 de 2024.

La ruta principal es el Proyecto de Ley 020 de 2025 en la Cámara y 302 de 2025 en el Senado, radicado en abril del año pasado. Tras varios aplazamientos, fue en diciembre de 2025 cuando las comisiones primeras de Senado y Cámara decidieron no archivar la iniciativa y avanzar en su discusión conjunta. En la primera votación, en la Cámara, 21 representantes votaron en contra del archivo, frente a 10 que lo respaldaron. En el Senado, la tendencia fue similar, 11 votos en contra del archivo y solo tres a favor. Una segunda votación, que abrió la puerta al debate de fondo, registró 12 votos a favor en el Senado y ninguno en contra; en tanto, 20 representantes a la Cámara votaron a favor y solo cuatro en contra. Allí comenzó un proceso orientado a corregir los vicios de trámite y a sentar bases sólidas para la creación definitiva del Ministerio.

Aunque el proyecto contaba con mensaje de urgencia desde el 17 de octubre de 2025, el regreso del Congreso tras la vacancia legislativa no trajo de inmediato su discusión. El debate no será corto, hay 194 proposiciones presentadas por congresistas, reflejo de un intercambio intenso y democrático. El objetivo es debatir, ajustar y votar el articulado en su totalidad.

El reinicio del debate es resultado del trabajo persistente y articulado entre el Ministerio y sus organizaciones sindicales. De manera conjunta, han impulsado acciones de incidencia, estrategias jurídicas y mecanismos legales. El Ministerio activó, además, una estrategia preventiva para blindar su continuidad institucional. Existen solicitudes de ampliación del diferimiento ante la Corte Constitucional, consultas al Consejo de Estado para anticipar escenarios y una petición de aclaración sobre los alcances de la sentencia. Son decisiones técnicas, sí, pero con el propósito que ningún derecho quede en pausa.

Defender la continuidad del Ministerio no es un capricho. Es una garantía para 14 poblaciones históricamente excluidas y de especial protección constitucional, entre ellas las mujeres en toda su diversidad, la población LGBTIQ+, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, campesinas, jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, habitantes de calle, familias en situación de pobreza, población migrante y muchas más. Un eventual cierre significaría un retroceso en materia de derechos. Y eso no es una opción.

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