El Ministerio de Igualdad y Equidad lidera acciones humanitarias para garantizar dignidad a los colombianos deportados desde Ecuador
El Ministerio de Igualdad y Equidad lidera acciones humanitarias para garantizar dignidad a los colombianos deportados desde Ecuador
El Ministerio de Igualdad y Equidad, dirigido por Carlos Rosero, ha liderado acciones humanitarias para atender a los colombianos deportados desde Ecuador, garantizando su dignidad y derechos durante el proceso de retorno.

Publicado el: 26 jul 2025 - 00:00:00
- Se han proporcionado aproximadamente 1,000 cenas a las personas retornadas y se han implementado mecanismos de monitoreo y coordinación interinstitucional para asegurar una atención ordenada, segura y respetuosa.
Bogotá 26 de julio. El Ministerio de Igualdad y Equidad, bajo el liderazgo de Carlos Rosero, ha desempeñado un papel fundamental en la respuesta humanitaria ante la reciente deportación masiva de colombianos desde Ecuador. Esta entidad, que forma parte del Gobierno Nacional liderado por el presidente Gustavo Petro, ha centrado sus esfuerzos en garantizar que los connacionales reciban atención digna durante su regreso al país, reafirmando el compromiso del Estado colombiano con la protección de los derechos humanos y la integridad de sus ciudadanos.
Desde las primeras horas de la deportación, el Ministerio de Igualdad y Equidad ha estado activo en la atención a las personas retornadas. Como parte de estas acciones, se ha proporcionado alimentación, entregando aproximadamente 1,000 cenas desde la noche anterior, asegurando que los deportados cuenten con un apoyo básico en este proceso de retorno.
Además, el Ministerio ha acompañado a la canciller en funciones, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, en una visita a Rumichaca, donde un equipo interinstitucional verificó de primera mano la llegada de los connacionales y se aseguró de que sus derechos fueran respetados durante todo el procedimiento. La presencia de estas autoridades en el punto de ingreso refleja la prioridad que el Gobierno Nacional otorga a la atención humanitaria y a la protección de los derechos de las personas deportadas.
Hasta el momento, cerca de 450 de los más de seiscientos expulsados registrados ya han ingresado al territorio colombiano, mientras que el resto aguarda en el puente de Rumichaca, en Nariño, en condiciones que deben ser monitoreadas y mejoradas para garantizar su bienestar.
Para coordinar de manera efectiva estas acciones, el Gobierno realizó una reunión interinstitucional el pasado viernes, en la que participaron el Ministerio de Relaciones Exteriores, Migración Colombia, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. En este encuentro, se definieron los procedimientos necesarios para que el ingreso de los deportados sea ordenado, seguro y respetuoso de sus derechos, en línea con los principios humanitarios y legales.
El monitoreo constante de la situación ha sido una prioridad, por lo que el Gobierno ha activado el Puesto de Mando Unificado, instalado por la Gobernación de Nariño y la Alcaldía de Ipiales, con la participación de la Cancillería, el Ministerio de Igualdad y Equidad, y la Dirección de Protección Social (DPS). Este mecanismo busca asegurar que la atención sea integral y se brinde de manera oportuna y efectiva.
Una vez que los deportados ingresen al territorio colombiano y culminen su proceso de migración, el Ministerio de Igualdad y Equidad garantiza que se les brinden condiciones dignas, incluyendo la protección de sus derechos humanos, hospedaje, alimentación y transporte hasta su destino final.
Además, en los casos que corresponda, las autoridades procederán a la identificación, búsqueda de antecedentes y definición de la situación jurídica de cada persona, en cumplimiento con la normativa nacional e internacional.
La acción coordinada y humanitaria del Ministerio de Igualdad y Equidad, liderado por Carlos Rosero, demuestra el compromiso del Gobierno Nacional con la protección de los derechos de sus ciudadanos, especialmente en momentos de crisis y desplazamiento. Estas acciones reflejan una política pública de atención integral que busca no solo responder a la emergencia, sino también fortalecer la dignidad y los derechos de todos los colombianos.