MinIgualdad participó en Audiencia Pública del Proyecto de Ley que busca proteger plazas de mercado e impulsar mercados campesinos, étnicos y comunitarios

“No estamos simplemente ante una norma de orden administrativo sobre las plazas de mercado. En realidad, se trata de un instrumento político y social que redefine la relación entre el Estado, el campesinado y la ciudadanía”, aseguró Santiago Salinas, director para la Igualdad y Equidad del Campesinado del Viceministerio de Pueblos Étnicos y Campesinos del Ministerio de Igualdad y Equidad.

El pronunciamiento lo hizo durante la audiencia pública que se realizó en el Congreso de la República como requisito para el avance del Proyecto de Ley N.° 194 de 2024, que busca regular, fortalecer y proteger las plazas de mercado públicas, además de impulsar los mercados campesinos, étnicos y comunitarios. 

La iniciativa plantea fomentar y organizar estos espacios a través de políticas nacionales que garanticen su funcionamiento, al tiempo que consoliden la economía campesina, familiar y comunitaria. Más allá de la infraestructura, el proyecto de ley reconoce en las plazas de mercado lugares de cultura, tradición, intercambio y soberanía alimentaria. 

Un proyecto con enfoque de equidad 

El proyecto de ley no se limita a la infraestructura, sino que plantea cerrar brechas de desigualdad en su dimenisión territorial, fortaleciendo la economía local y comunitaria; económica, con la creación de un Fondo Cuenta y la articulación de la producción campesina con programas estatales y la dimensión cultural, al declarar las plazas de mercado como patrimonio material e inmaterial. 

Además, incorpora un enfoque interseccional al visibilizar el rol de las mujeres campesinas y reconocer que la equidad de género en el campo debe ser un mandato de política pública. Asimismo, otorga un lugar central a las poblaciones indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en el marco del sistema alimentario nacional. 

Para el Ministerio de Igualdad y Equidad, este proyecto de ley es una oportunidad histórica para transformar el modelo de comercialización de alimentos en Colombia. Su alcance no se limita a la regulación de plazas, sino que fortalece la economía campesina, protege la diversidad cultural y aporta a la soberanía alimentaria del país. 

En palabras del director Santiago Salinas, esta no es una norma técnica, sino un pacto social entre el Estado, el campesinado y la ciudadanía, que permite avanzar en el cierre de brechas y en el reconocimiento del campesinado como sujeto político, económico y cultural en la construcción de un país más justo y equitativo.

Plazas de mercado: un motor para la soberanía alimentaria 

Los datos expuestos reflejan el potencial de estas infraestructuras. Solo en Bogotá existen 19 plazas públicas distritales y cerca de 44 si se suman las privadas, con más de 3.800 puestos, de los cuales apenas el 72 % están ocupados. Aun así, la Red Distrital moviliza en promedio 8.400 toneladas de alimentos al mes, con un crecimiento anual superior al 26 %. 

Experiencias territoriales también muestran resultados positivos. En el Huila, una inversión de 3.400 millones de pesos en dos plazas de mercado benefició a más de 15.000 personas, dinamizando la economía regional y creando canales directos de comercialización. A su vez, eventos como el Gran Mercado Campesino de Bogotá —que alcanzó ventas por 300 millones de pesos en un solo día con 300 productores— demuestran que, al eliminar intermediarios, se garantiza un ingreso justo para el campesinado y alimentos de calidad para la ciudadanía.